Las represas que se están construyendo en nuestro territorio, como la del Quimbo en el Huila y la de HidroItuango en Antioquía, no parten de una necesidad de las comunidades que habitamos estas tierras, si no, de la demanda del mercado global y las multinacionales.
El gobierno local y nacional colombiano, desconociendo a las comunidades que exigen modelos de desarrollo que beneficien primeramente a los campesinos, pesqueros, mineros artesanales y en general, a todos los pobladores de las zonas que son afectadas por estos megaproyectos, se han encargado de legislar a favor del mercado y de brindarle todas las garantías, en materia de seguridad, a los intereses privados prestando protección con las fuerzas militares a las obras, esto generado un abuso de poder y una contradicción con la razón de ser del uso legitimo de la fuerza de un estado, que se supone es para la protección de los civiles que alimentan estas instituciones con el pago de impuestos.
Las multinacionales, en estos dos casos, Endesa de nacionalidad española y Epm que se supone es empresa pública pero que actúa como privada, tienen todo el aval y apoyo del estado para explotar los recursos naturales del territorio colombiano y enriquecerse a costa del daño del medio ambiente y de las dinámicas culturas de los pueblos dueños legítimos de este pedazo de mundo.
Las multinacionales, en estos dos casos, Endesa de nacionalidad española y Epm que se supone es empresa pública pero que actúa como privada, tienen todo el aval y apoyo del estado para explotar los recursos naturales del territorio colombiano y enriquecerse a costa del daño del medio ambiente y de las dinámicas culturas de los pueblos dueños legítimos de este pedazo de mundo.
La generación de energía por medio de inundaciones, hidroeléctricas, trae graves consecuencias al medio ambiente ya que se cambian los micro climas, se inundan ecosistemas de aves, mamiferos, insectos y plantas, se reduce el caudal de los ríos generando un cambio total del ambiente aguas abajo y una disminución de la humedad en los pisos térmicos por donde pasa el río; además de lo perjudicial para la madre tierra, estos megaproyectos son precursores del desplazamiento forzado ya que acaban las dinámicas económicas como la pesca, la extracción de oro por medio del barequeo en las playas del río, el cultivo en tierras bajas y más ricas en nutrientes y mata las dinámicas propias del mercado local repercutiendo todo esto en cambios sociales y culturales que obligan a las familias y comunidades a desplazarse y divagar en la búsqueda de nuevas dinámicas de subsistencia.
El estado colombiano debe parar estas obras y poner al frente la consigna que sustenta el "estado social de derecho" escrita en la constitución política del 91 de garantizarle una vida digna a todos los habitante del territorio, y además generar acciones de desarrollo sostenible armónicos con el medio ambiente que partan de los proceso organizativos de comunidades campesinas, indígenas, afros y que estén por encima del las dinámicas del mercado.
¡Comunidades unámonos en la lucha por la Dignidad!
No hay comentarios:
Publicar un comentario